Delito, multa y rastro digital: penal, administrativo y ambiental
El marco de la unidad
- Bloc 7: la actividad criminal y el Derecho penal, principales delitos.
- Bloc 7: Derecho administrativo, actuación ante la Administración, multas y sanciones.
- Bloc 7: Derecho y TIC, identidad digital, protección de datos y ciberseguridad.
- Bloc 7: reto del cambio climático, protección del medio ambiente y derecho ambiental.
- Reconocer y denunciar de forma argumentada los ataques a los valores democráticos.
- Usar de forma responsable y segura las TIC, valorando riesgos personales y jurídicos.
- Investigar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico con fuentes fiables.
Dos mil mujeres mayores demandaron a Suiza por no reducir sus emisiones
Una asociación suiza de mujeres de edad avanzada sostuvo que las olas de calor las afectaban de manera especialmente grave por su edad, y que su Estado no hacía lo suficiente. Agotada la vía interna, llevaron el caso al Tribunal de Estrasburgo. No invocaron ningún artículo sobre el clima, porque el Convenio de 1950 no tiene ninguno: invocaron el artículo 8, la vida privada y familiar.
¿Puede un tribunal obligar a un Estado a bajar sus emisiones?
El Derecho penal
Nullum crimen, nulla poena sine lege
No hay delito ni pena sin una ley previa, escrita, cierta y estricta. Ninguna conducta puede castigarse si no estaba descrita como delito antes de cometerse, ni por analogía con otra parecida, ni por costumbre. Es el principio de legalidad penal, y es la garantía más antigua y más importante que tiene cualquiera frente al poder de castigar.
Lo que la ley no describió antes, no se castiga después. Aunque a todo el mundo le parezca reprobable.
El Derecho penal es la última ratio
Muchas conductas reprobables no son delito porque el legislador ha decidido que basta con una sanción administrativa, una indemnización civil o, sencillamente, con la reprobación social. Reservar el instrumento más duro para lo más grave no es indulgencia: es lo que permite que el instrumento siga siendo excepcional y, por tanto, tomado en serio.
Que algo no sea delito no significa que esté bien.
Qué convierte una conducta en delito
Dolo e imprudencia no se castigan igual
El dolo implica querer el resultado o aceptarlo. La imprudencia consiste en causarlo por infringir un deber de cuidado. La diferencia no es menor: la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente, y con penas mucho menores. Por eso no todo daño causado sin querer llega siquiera a los tribunales penales.
Y las penas no son solo prisión: también inhabilitación, alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad y multa.
Las faltas ya no existen
Desaparecieron del Código Penal en 2015. Lo que antes eran faltas se repartió en dos direcciones: una parte pasó a ser delito leve, con tramitación más rápida pero todas las garantías penales, y otra salió del Código Penal para convertirse en infracción administrativa. Hoy las infracciones penales se clasifican en graves, menos graves y leves.
Si alguien te dice que algo «es una falta», está usando una categoría derogada hace diez años.
Los delitos que más vas a oír
- Contra la vida y la integridad: homicidio y lesiones.
- Contra la libertad: amenazas, coacciones y acoso. Y contra la libertad sexual.
- Contra el patrimonio: hurto, robo, estafa y daños.
- Contra la seguridad vial y contra la Hacienda pública, que viste en la unidad anterior.
- Contra la intimidad: incluye difundir imágenes íntimas obtenidas con consentimiento pero divulgadas sin él.
- Delitos de odio: fomentar el odio o la violencia contra grupos por su origen, religión, orientación o discapacidad.
No responden conforme al Código Penal, pero responden
Desde los catorce años se aplica la ley de responsabilidad penal del menor, con juzgado especializado, un fiscal que instruye y un equipo técnico que informa sobre su situación personal y educativa. Por debajo de catorce no hay responsabilidad penal: intervienen los servicios de protección. Y lo que se impone no son penas, sino medidas.
Libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, internamiento. La finalidad que declara la ley es educativa.
El Derecho administrativo
La Administración decide y ejecuta por sí misma
Una beca, una multa de tráfico, una licencia de obra, una plaza de instituto y un expediente sancionador son todos actos administrativos. Sus actos se presumen válidos desde que se dictan y pueden ejecutarse sin que un juez los confirme antes. La compensación es que están sometidos a un procedimiento reglado y a control judicial posterior.
Ese control posterior es toda la garantía. Por eso los plazos para recurrir importan tanto.
La misma conducta puede recorrer dos caminos. Lo que cambia no es la gravedad, sino quién decide y con qué garantías.
Multa y condena no se diferencian solo por el importe
| Vía penal | Vía administrativa | |
|---|---|---|
| Quién decide | Un juez, tras un proceso con garantías | La propia Administración, con procedimiento reglado |
| Qué puede imponer | Prisión, multa, inhabilitación, trabajos | Multa, retirada de licencia, clausura. Nunca prisión |
| Qué deja | Antecedentes penales | Ningún antecedente penal |
| Después | Recursos ante tribunales superiores | Recurso administrativo y luego contencioso |
Nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho con el mismo fundamento: si aparece un delito, el expediente se para.
Qué hacer cuando te llega una multa
- Notificación con los hechos, la norma infringida, el importe y el plazo. Si no está motivada, ya tienes un motivo de recurso.
- Pronto pago: pagar en el plazo corto reduce el importe, pero implica renunciar a recurrir.
- Alegaciones por escrito con las pruebas que tengas. La Administración debe contestar de forma motivada.
- Resolución, que confirma, modifica o archiva el expediente.
- Recurso administrativo: reposición ante el mismo órgano o alzada ante el superior. Gratis y sin abogado.
- Vía contencioso-administrativa: agotada la vía anterior, decide un juez ajeno a la Administración.
El silencio administrativo, y sus dos caras
En los procedimientos que inicias tú, la regla general es el silencio positivo: se entiende estimada tu solicitud, aunque hay muchas excepciones legales. En los que inicia la propia Administración, como un expediente sancionador, el silencio no puede jugar en tu contra: lo que ocurre es que el expediente caduca.
En ningún caso el silencio libera a la Administración de su deber de resolver. Sigue obligada a contestar, aunque conteste tarde.
Por qué una multa nunca puede acabar en cárcel
La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Es una decisión histórica muy consciente: en etapas anteriores los gobernadores civiles imponían arrestos gubernativos sin juicio ni juez. La Constitución de 1978 cerró esa puerta y reservó la libertad a la decisión judicial.
Por alta que sea la multa, no se convierte en días de cárcel: se cobrará por vía de apremio, embargando bienes o cuentas.
Recibes una multa de tráfico que consideras injusta y ves que pagando en veinte días te ahorras la mitad. ¿Qué implica pagar?
- ANada, siempre puedes recurrir después
- BRenunciar a recurrir, porque el pronto pago cierra el expediente
- CQue la sanción se convierta en penal si reincides
- DQue se anulen los puntos retirados
Solución: B.La reducción por pronto pago es una rebaja a cambio de aceptar la sanción. Si de verdad crees que la multa es injusta, el camino es alegar y, si hace falta, recurrir: es gratis y no necesitas abogado.
Derecho y tecnología
El RGPD no necesitó trasposición
Se aplica directamente en toda la Unión desde 2018 —es un reglamento, como viste en la unidad 2— y la ley orgánica española lo completa con un catálogo de derechos digitales. Protege el conjunto de rastros que dejas: perfiles, publicaciones, ubicaciones, búsquedas, compras y horarios de conexión.
En España el consentimiento para tratar datos de menores puede prestarlo el propio menor desde los catorce años.
Los principios que rigen cualquier tratamiento de datos
- Licitud: hace falta una base legal, sea tu consentimiento, un contrato, una obligación legal o un interés legítimo.
- Limitación de la finalidad: lo recogido para una cosa no se usa para otra distinta sin más.
- Minimización: solo los datos necesarios. Un gimnasio no necesita tu huella para saber si has entrado.
- Exactitud y plazo: datos correctos, y no conservados eternamente.
- Responsabilidad proactiva: quien trata datos debe protegerlos y poder demostrar que cumple.
Los seis derechos, con la frase que realmente escribirías en cada caso, y el procedimiento completo debajo.
Cuatro fraudes digitales que vas a ver
Todos circulan a diario y todos tienen un nombre jurídico preciso, que es lo que decide adónde se acude y qué se puede pedir. Ante cualquiera de ellos existe el teléfono gratuito 017 del INCIBE, que orienta sin necesidad de denunciar primero.
- Phishing: es estafa, y a menudo también usurpación de identidad.
- Suplantación en redes: delito contra la intimidad, el honor o estafa.
- Difundir imágenes íntimas sin permiso: castigado expresamente.
- Ciberacoso: tiene su propio tipo penal y activa el protocolo del centro.
La pregunta¿Qué es lo primero que hay que hacer, antes incluso de decidir si se denuncia o no?
Derecho ambiental
Los cuatro principios sobre los que se construye
- Prevención: es mejor evitar el daño que repararlo, porque muchos daños ambientales son irreversibles.
- Precaución: ante un riesgo grave, la falta de certeza científica absoluta no justifica no actuar.
- Quien contamina, paga: el coste lo soporta quien lo genera, no el conjunto de la sociedad.
- Desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de quienes vienen.
Un daño que nadie causa solo
El daño climático no lo causa nadie en concreto, sus efectos aparecen lejos y tarde, y las víctimas incluyen a personas que todavía no han nacido. Todo el Derecho de daños de la unidad 4 está pensado para lo contrario: un causante identificable, un perjudicado concreto y un daño presente. La respuesta ha llegado por dos caminos a la vez.
Tratados y leyes —París, el paquete europeo, la ley española de 2021— y, algo que casi nadie esperaba, los tribunales.
Cuando ganar un pleito cambió la política energética de un país
En 2015 una fundación neerlandesa demandó a su propio Estado por no reducir suficientemente sus emisiones, y en 2019 el Tribunal Supremo confirmó la condena con un porcentaje y una fecha concretos. Fue la primera vez que un tribunal ordenó a un gobierno un objetivo climático, y abrió la vía que hoy se llama litigación climática.
El argumento es elegante por lo poco novedoso: no se invoca un derecho al clima, sino derechos clásicos aplicados a un riesgo nuevo.
Un tribunal puede condenar a un Estado, pero no gobernar en su lugar
Estrasburgo no fijó las toneladas que Suiza debe dejar de emitir. Declaró que el artículo 8 obliga al Estado a dotarse de un marco normativo adecuado frente al cambio climático, y que Suiza no lo tenía. Qué medidas concretas adoptar sigue siendo decisión del legislador suizo, que es donde reside la soberanía, exactamente como viste en la unidad 3.
El mismo día se inadmitieron otras dos demandas por no agotar la vía interna. Las reglas procesales son la puerta: si te equivocas, no llegas al fondo.
Antes de cerrar la unidad
- Sabrías explicar la legalidad penal y por qué el Derecho penal es la última ratio.
- Sabrías separar la vía penal de la administrativa por quién decide y qué puede imponer.
- Sabrías recorrer una multa desde la notificación hasta el contencioso, sin perder plazos.
- Sabrías decir qué exige el RGPD a quien tiene datos tuyos y qué puedes pedirle.
- Sabrías explicar los cuatro principios ambientales y qué puede y qué no puede hacer un tribunal.
Hasta aquí la teoría
Continúa en el libro de la unidad.