¿Debe ser obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar?

De qué va

Desde 2025, en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles hay que acreditar que se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias para que el tribunal admita la demanda. Sirven una mediación, una conciliación, una oferta vinculante o una negociación documentada entre abogados. Y hay un incentivo con dientes: la actitud de las partes ante ese intento puede tenerse en cuenta al imponer las costas.

El cambio es de fondo. Durante décadas acudir a la mediación fue una recomendación que casi nadie seguía; ahora el legislador ha decidido que el juzgado sea el último paso y no el primero. Pero el artículo 24 reconoce la tutela judicial efectiva, y el propio Tribunal Constitucional ha anulado en el pasado requisitos de acceso por desproporcionados. Esta mesa redonda pone a discutir a quienes viven el sistema desde lados distintos.

Argumentario

A favor del requisito previo

Un juicio destruye relaciones que podrían sobrevivir. Vecinos, socios, familiares y empresas que seguirán tratándose salen de un pleito peor de lo que entraron. La mediación resuelve el conflicto sin convertirlo en un ganador y un perdedor.
La inmensa mayoría se resuelve en los primeros peldaños. En consumo, la escalera de reclamación resuelve casi todo antes del arbitraje, y el arbitraje evita el pleito en la mayor parte del resto. Obligar a subir el primer peldaño no impide llegar arriba.
Descargar los juzgados es una condición del artículo 24, no lo contrario. Un proceso con dilaciones indebidas también vulnera la tutela judicial. Si la vía previa reduce la carga, acorta la espera de quien sí necesita sentencia.
El requisito es flexible y barato. No exige una mediación formal ni pagar a un profesional: basta una negociación documentada entre abogados o una oferta vinculante. Quien tiene justicia gratuita no queda fuera.

En contra: es un peaje al artículo 24

El acceso al tribunal no debería tener condiciones previas. El Tribunal Constitucional ya anuló unas tasas judiciales por funcionar como barrera desproporcionada. Un trámite obligatorio es otra barrera, aunque cueste menos dinero.
Beneficia a la parte fuerte. Una empresa con departamento jurídico puede alargar el intento previo hasta desgastar a quien reclama cien euros. El requisito le regala tiempo a quien no tiene prisa.
Hay conflictos donde negociar no tiene sentido. Cuando una parte niega el hecho, o hay violencia, o el deudor simplemente no responde, el intento previo es un trámite vacío que solo retrasa la tutela.
La ley confunde el síntoma con la causa. Los juzgados están saturados por falta de medios y por una organización que la reforma de 2025 acaba de reordenar. Trasladar el coste de esa saturación a quien reclama es resolverlo por el lado equivocado.

Cómo se desarrolla

Reparto de roles y preparación10 min

Cuatro roles: jueza de primera instancia, abogado de consumidores, mediadora profesional y responsable jurídica de una empresa. Cada uno prepara su posición.
Caso de arranque5 min

El profe expone un conflicto real y pequeño: una fianza de alquiler de 800 € que el arrendador no devuelve.
Primera ronda12 min

Tres minutos por rol respondiendo a la misma pregunta: ¿qué debería hacer esa persona el lunes, y qué le pasa si va directa al juzgado?
Réplicas cruzadas12 min

Turno libre moderado. Cada intervención debe responder a otro rol, no repetir la propia.
Preguntas del público8 min

La clase pregunta, dirigiendo cada pregunta a un rol concreto.
Votación razonada y cierre8 min

Votación individual con una línea de justificación. El profe cierra con la tabla de las cuatro vías y quién decide en cada una.

Para el debrief Qué dice la evidencia

Qué exige exactamente la ley. Desde el 3 de abril de 2025, para que se admita una demanda civil o mercantil hay que acreditar un intento de acuerdo, salvo en materias como la tutela de derechos fundamentales, la filiación o las medidas de protección de menores (Ley Orgánica 1/2025, art. 5). Si la otra parte no contesta en 30 días naturales, el requisito se da por cumplido y se puede demandar (art. 10). Es la respuesta de la ley al argumento de la empresa que alarga el trámite.
El marco constitucional y europeo. El Constitucional anuló varias tasas judiciales por desproporcionadas (STC 140/2016). Pero el TJUE admite un intento previo obligatorio si no impone una decisión, no retrasa sustancialmente la demanda, interrumpe la prescripción, cuesta poco o nada y permite pedir medidas urgentes (Alassini, 2010), y siempre que el consumidor pueda dejar la mediación cuando quiera, sin justificarlo y sin obligación de ir con abogado (Menini, 2017).
Qué ha pasado en los juzgados. En 2025 entraron 3.287.980 asuntos civiles, un 7,7 % menos que en 2024, y en el primer trimestre de 2026 la caída fue del 35,8 % respecto al mismo trimestre de 2025, cuando aún no se exigía el requisito (CGPJ, 2026). A la vez, los asuntos pendientes en todos los juzgados subieron un 3,4 % en 2025, y no hay estadística oficial de cuántos intentos acaban en acuerdo: no sabemos si esos conflictos se resolvieron o se abandonaron.
La experiencia italiana. Italia exige mediar antes de pleitear en muchas materias (Decreto Legislativo 28/2010). En 2024 se registraron 162.194 mediaciones, el 78 % obligatorias: cuando la parte invitada compareció, hubo acuerdo en el 32,8 % de los casos, y cuando las dos partes decidieron seguir tras la primera reunión, en el 54 % (Ministerio de Justicia italiano, 2025).
También en el Constitucional. En febrero de 2026, el Pleno del Constitucional admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de Valencia de Alcántara (Cáceres): pregunta si exigir el intento previo en los procesos de familia con hijos menores vulnera los artículos 24 y 39 de la Constitución.

Para cerrar: separad dos preguntas. ¿Reduce pleitos el requisito? Los datos dicen que sí. ¿Resuelve los conflictos o desanima a quien reclama? Todavía no hay datos, y de esa respuesta depende que sea un filtro razonable o un peaje al artículo 24.

Ficha del alumno

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

3 de abril de 2025: entra en vigor la obligación de intentar un acuerdo antes de demandar en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles (Ley Orgánica 1/2025).
30 días naturales sin respuesta de la otra parte bastan para dar por intentado el acuerdo y poder demandar (Ley Orgánica 1/2025, art. 10).
3.287.980 asuntos civiles entraron en los juzgados en 2025, un 7,7 % menos que en 2024; en el primer trimestre de 2026, un 35,8 % menos que un año antes (CGPJ, 2026).
4.673.596 asuntos seguían pendientes en todos los juzgados a finales de 2025, un 3,4 % más que un año antes (CGPJ, 2026).
El 54 % de las mediaciones italianas acabó en acuerdo en 2024 cuando las partes decidieron seguir tras la primera reunión (Ministerio de Justicia italiano, 2025).

Criterio	Qué se valora	Competencia
Comprensión del artículo 24	Explica que la tutela judicial efectiva no es el derecho a ganar y razona qué convierte un requisito en una barrera desproporcionada.	CC
Precisión sobre las vías	No confunde mediación, conciliación y arbitraje, y sabe quién decide en cada una.	CC
Consistencia del rol	Defiende la posición asignada con sus mejores argumentos aunque no coincida con la propia.	CPSAA
Intervención en la mesa	Responde a lo dicho por otros roles y no repite su intervención inicial.	CCL

¿Debe ser obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar?

La moción

Objetivos

De qué va

Argumentario

Cómo se desarrolla

Dossier de datos

Preparo mi postura

Rúbrica de evaluación

Competencias que se trabajan