Tipos de empresas y su organización

Tiempo estimado de lectura: 25-30 min · Saberes LOMLOE: A.3, A.4 · Pre-requisitos: Unidad 1 (concepto de empresa y clasificaciones básicas).

Al acabar esta unidad sabrás:

• Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real con criterios cuantitativos.
• Clasificar una empresa en los tramos europeos de dimensión y entender qué implicaciones tiene cada tramo.
• Comparar las cinco formas jurídicas más habituales en España según responsabilidad, capital, fiscalidad y capacidad de captar inversión.
• Argumentar la elección de forma jurídica para el proyecto capstone y anticipar cuándo conviene transformarla.

Toda persona emprendedora se enfrenta antes de poner el primer euro a tres decisiones operativas que después son caras o imposibles de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño se va a dar de salida y bajo qué forma jurídica se va a constituir. No son decisiones románticas como en la unidad anterior; son decisiones técnicas que determinan cuánto se paga en impuestos, qué responsabilidad personal se asume, cómo se podrá crecer en el futuro y, en última instancia, si el proyecto sobrevive o no a sus primeros cinco años.

Hay un patrón muy frecuente en pymes españolas: se posponen estas decisiones —ya nos preocuparemos cuando facturemos— hasta que la falta de planificación obliga a tomarlas con prisa y mal. El coste de elegir mal una forma jurídica, multiplicado por diez años de actividad, puede superar fácilmente los 30.000-50.000 € en impuestos pagados de más, indemnizaciones evitables o ampliaciones de capital fallidas. Esta unidad pretende que el alumnado entienda las tres decisiones con suficiente profundidad para tomarlas bien la primera vez.

La localización empresarial

Decidir dónde se ubica una empresa parece trivial cuando uno piensa en una startup digital que opera desde un ordenador portátil, pero deja de serlo en cuanto la actividad implica clientes presenciales, almacén, mano de obra cualificada o relaciones con la administración pública. La localización es lo que el currículo llama un factor de coste hundido: una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela.

Los tres tipos de factores de localización

Los factores de localización se agrupan tradicionalmente en tres familias:

Factores de coste. Reducen los gastos operativos de la empresa.

• Coste del suelo y del local — alquiler o compra del espacio físico. Madrid centro y Vigo polígono industrial no son la misma decisión, ni siquiera para el mismo tipo de actividad.
• Coste de la mano de obra — salarios medios del sector en la zona. Por eso muchos call centers se ubicaban en Galicia o Murcia y muchos contact centers internacionales lo hacen ahora en Marruecos o Polonia.
• Coste del transporte — relevante en industrias con mucho peso o volumen físico. Las cementeras se instalan cerca de las canteras; las industrias del aceite, cerca de los olivos.

Factores de mercado. Aumentan los ingresos o la facilidad de venta.

• Cercanía al cliente — una panadería necesita estar cerca de su barrio. Una empresa B2B puede operar desde cualquier parte si tiene buena conexión a internet.
• Cercanía a los proveedores — las industrias agroalimentarias se sitúan donde está la materia prima; una asesoría se sitúa donde están sus clientes empresariales.
• Competencia local — a veces conviene ubicarse donde ya hay competencia (efecto cluster: el cliente sabe que esa zona es referencia del sector); otras veces conviene huir de ella.

Factores externos. Variables del entorno que escapan al control de la empresa.

• Infraestructura y comunicaciones — autopistas, puertos, aeropuertos, fibra óptica, red eléctrica fiable.
• Mano de obra cualificada disponible — un equipo de desarrollo encuentra perfiles más fácilmente en Barcelona o Valencia que en una capital de provincia pequeña.
• Marco fiscal y administrativo — bonificaciones autonómicas, regímenes fiscales especiales (Canarias, Ceuta, Melilla, ZEC), agilidad burocrática local.
• Calidad de vida — para atraer talento internacional, conviene una ubicación atractiva (clima, oferta cultural, vivienda asequible).

Localización física vs. localización digital

La economía digital ha desdibujado el peso clásico de la localización física. Una empresa de software puede operar con trabajadores en diez países distintos y servir clientes en todo el mundo sin abrir nunca una oficina física. Para estas empresas, el factor localización se descompone en dos preguntas distintas: dónde está el domicilio fiscal y dónde están los equipos.

El domicilio fiscal determina la fiscalidad, las obligaciones administrativas y la legislación aplicable. Los equipos, en cambio, pueden ser remotos, distribuidos, híbridos. Muchas startups españolas tienen su sede fiscal en Madrid o Barcelona y sus equipos repartidos por Valencia, Sevilla, Lisboa o América Latina. La decisión de localización del domicilio fiscal sigue siendo crítica; la del lugar físico de trabajo, cada vez menos.

Regímenes especiales en España

España tiene varios regímenes fiscales territoriales que pueden hacer atractiva una localización específica:

• Zona Especial Canaria (ZEC) — empresas inscritas en este régimen tributan al 4 % en el Impuesto de Sociedades (frente al 25 % general), siempre que cumplan requisitos de inversión y empleo. Es una de las fiscalidades más bajas de la UE para empresas tecnológicas y audiovisuales.
• Ceuta y Melilla — bonificación del 50 % en la cuota del Impuesto de Sociedades para empresas con domicilio fiscal en alguna de estas ciudades autónomas y actividad efectivamente desarrollada allí.
• País Vasco y Navarra — sistemas tributarios forales propios, con tipos efectivos a veces ligeramente inferiores a la media nacional y agilidad administrativa habitualmente superior.
• Zonas Francas — Barcelona, Vigo, Cádiz y Sevilla. Régimen aduanero que permite importar, transformar y reexportar sin pagar derechos arancelarios. Útil para empresas comerciales internacionales.

La dimensión de la empresa

La forma estándar de medir el tamaño de una empresa en la Unión Europea procede de la Recomendación 2003/361/CE, que combina tres criterios: número de personas empleadas, volumen de facturación anual y total de balance. Para clasificar a una empresa en un tramo basta con que cumpla el criterio de plantilla y, además, uno de los dos criterios financieros.

Los cuatro tramos europeos

Las pymes son el conjunto de microempresas, pequeñas y medianas. La distinción no es solo estadística: cada tramo activa o desactiva un conjunto distinto de obligaciones legales, oportunidades de financiación pública y bonificaciones fiscales.

Por qué importa el tramo en la práctica

Cambiar de tramo —pasar de pequeña a mediana, por ejemplo— no es un evento neutro. Implica:

• Obligaciones contables más rigurosas. Las microempresas pueden llevar contabilidad simplificada; las medianas no. Las grandes están obligadas a auditar sus cuentas anuales por un auditor externo registrado en el ROAC.
• Pérdida de bonificaciones a la contratación. Algunos contratos formativos y reducciones de la cuota patronal solo son accesibles para pymes.
• Plazos de pago más cortos. Las medianas y grandes están sujetas a la Ley 15/2010 de Morosidad con plazos máximos de pago a proveedores más estrictos.
• Obligaciones de información y publicidad. Las grandes deben publicar información sobre sostenibilidad (Directiva CSRD), información no financiera, plan de igualdad obligatorio si hay más de 50 personas, etc.

El tejido empresarial español

En España, el 99,8 % de las empresas son pymes —micro, pequeñas o medianas—, y de ellas la inmensa mayoría son microempresas con menos de diez personas. La narrativa de las grandes corporaciones que dominan el imaginario público es estadísticamente atípica: el ecosistema productivo real está hecho de proyectos pequeños.

Esta estructura tiene consecuencias importantes para la economía española:

• Menor capacidad de inversión en I+D. Las microempresas rara vez tienen recursos para investigación; el gasto privado en I+D en España (1,4 % del PIB) está muy por debajo de la media UE (2,3 %).
• Menor productividad por trabajador. El tamaño pequeño limita las economías de escala. España tiene una productividad por hora trabajada un 12 % inferior a la media UE.
• Mayor vulnerabilidad a las crisis. Las microempresas tienen menos colchón financiero para resistir caídas de demanda; las tasas de mortalidad empresarial en España son altas en términos comparativos.
• Dificultades para internacionalizarse. Internacionalizarse exige tamaño mínimo, equipo especializado y capacidad de inversión que la mayoría de pymes no alcanzan.

Estos no son argumentos para eliminar las pymes —es donde se genera la mayor parte del empleo— sino para entender por qué muchas políticas públicas españolas se centran en facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas hacia tramos más grandes.

¿Crecer es siempre bueno?

No necesariamente. Muchas pymes con productos sólidos y márgenes razonables prefieren no crecer porque crecer implica:

• Más empleados → más gestión de personas, más conflictos, más responsabilidades.
• Más facturación → cambio de tramo fiscal, pérdida de bonificaciones de pyme.
• Más cuota de mercado → atención de competidores grandes que pueden replicar el producto.
• Más complejidad operativa → la sencillez del propietario que conoce a todos sus clientes desaparece.

Hay un concepto en gestión empresarial llamado zona de Goldilocks: el tamaño justo en el que la empresa es lo bastante grande para ser rentable y lo bastante pequeña para ser gestionable. Para muchas pymes, esa zona es de 5 a 20 trabajadores y de 0,5 a 3 millones de facturación. Crecer más allá puede destruir lo que hizo a la empresa valiosa en primer lugar.

La forma jurídica

Decidir bajo qué forma jurídica registrar una empresa es, en la práctica, decidir tres cosas a la vez: cuánta responsabilidad personal asume la persona emprendedora frente a las deudas del proyecto, cuánto capital inicial hace falta y bajo qué régimen fiscal va a tributar. La elección no es trivial y conviene revisarla con asesoramiento profesional. A continuación las cinco formas más habituales en España, ampliadas con tres formas adicionales menos frecuentes pero útiles de reconocer.

Autónomo (empresario individual)

Es la fórmula más rápida y barata para empezar. No requiere capital mínimo, los trámites se resuelven en pocos días y la fiscalidad va por el IRPF como cualquier otra persona física. La contrapartida es seria: la responsabilidad es ilimitada, lo que significa que las deudas del negocio responden con todo el patrimonio personal del autónomo, presente y futuro.

Existen tres figuras de autónomo que conviene distinguir:

• Autónomo ordinario. El régimen general. Pagas cuotas mensuales a la Seguridad Social (entre 200 € y 590 € al mes en 2026, distribuidos en 15 tramos según los rendimientos netos, según el RD-Ley 16/2025 que congeló las cuotas vigentes en 2025) y tributas por IRPF en función de los beneficios reales.
• Autónomo de Responsabilidad Limitada (LERL). Una figura creada por la Ley 14/2013 que permite proteger la vivienda habitual de las deudas profesionales hasta un valor de 300.000 € (450.000 € en poblaciones de más de un millón de habitantes). El resto del patrimonio sigue expuesto, así que la protección es parcial.
• Autónomo societario. El que es administrador de una sociedad mercantil de la que posee al menos un 25 % o que trabaja en ella habitualmente. Cotiza obligatoriamente por la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Tarifa plana. Las personas que se dan de alta como autónomas por primera vez pueden acogerse a una tarifa reducida durante los primeros 12-24 meses (actualmente 80 €/mes vigente en 2026, antes 60 €). Es una de las medidas más populares de fomento del autoempleo. A la cuota mensual se suma además el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 sube del 0,8 % al 0,9 % sobre la base de cotización.

Pluriactividad. Una persona puede ser autónoma y, simultáneamente, trabajar por cuenta ajena en otro empleo. En ese caso paga cotizaciones a la Seguridad Social por ambos regímenes y, si la suma cotizada supera ciertos umbrales, tiene derecho a devolución parcial de las cuotas pagadas.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL)

Es la forma jurídica más extendida entre las pymes españolas, y por una razón: limita la responsabilidad de los socios al capital aportado. Si el negocio quiebra, los socios pierden lo invertido pero no más. El capital mínimo es de 3.000 € desembolsados desde el momento de constitución, dividido en participaciones no cotizables (no se pueden vender libremente en mercados públicos).

Fiscalidad. Tributa por el Impuesto de Sociedades al tipo general del 25 %, con un tipo reducido del 23 % para pymes en los primeros tramos de beneficio. Las empresas de nueva creación disfrutan de un tipo del 15 % durante el primer ejercicio con beneficios y el siguiente, lo que supone un incentivo notable durante la fase de arranque.

Gobernanza. Mínimo un socio, máximo ilimitado. Junta general de socios (decisiones importantes) y administrador o consejo de administración (gestión diaria). No exige consejo de administración formal salvo que los socios así lo decidan.

Sociedad Anónima (SA)

Tiene la misma lógica que la SL pero pensada para empresas de mayor dimensión y, sobre todo, para empresas que pretenden captar capital de muchos inversores o cotizar en bolsa. Capital mínimo: 60.000 €, dividido en acciones libremente transmisibles. La gobernanza es más rígida (junta general, consejo de administración con composición regulada, mínimo de tres consejeros) y la fiscalidad es la misma del Impuesto de Sociedades.

En la práctica, una pyme española prácticamente nunca elige SA como forma de constitución salvo que tenga la intención clara de captar capital externo o cotizar en bolsa. Es habitual nacer como SL y transformarse en SA cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones.

Cooperativa

La cooperativa es una sociedad cuya finalidad es satisfacer las necesidades de sus socios, no remunerar al capital. Cada socio tiene un voto independientemente del capital aportado (regla un socio, un voto), y los excedentes se reparten en proporción al uso o al trabajo realizado, no al capital aportado.

España reconoce siete tipos de cooperativas según su finalidad:

• De trabajo asociado — los socios son trabajadores. Es la fórmula clásica en industria y servicios profesionales.
• De consumo — los socios son consumidores (Eroski, supermercados de consumo agrupado).
• Agrarias — agrupan a productores agrícolas para la transformación y comercialización conjunta.
• De viviendas — los socios construyen colectivamente sus propias viviendas.
• De crédito — bancos cooperativos (Cajamar, Caja Laboral Popular).
• De servicios — agrupan a profesionales para prestar servicios compartidos.
• Mixtas — combinan varias finalidades.

Fiscalidad. Su fiscalidad es la del Impuesto de Sociedades pero con un tipo reducido del 20 % (10 % para las cooperativas especialmente protegidas, como las agrarias o las de trabajo asociado de cierto tamaño), reflejando que el legislador considera la cooperativa como una herramienta de cohesión social.

Capital mínimo. Variable según el tipo de cooperativa, pero generalmente bajo (entre 1.000 € y 3.000 €). Lo importante es el número mínimo de socios, que suele ser 3 para cooperativas de trabajo asociado y de servicios.

Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)

Es una variante de la SL que permite a una sola persona constituir la sociedad sin necesidad de buscar socios. Hereda todas las ventajas de la SL (responsabilidad limitada, fiscalidad de Sociedades) y se ha popularizado entre profesionales que quieren proteger su patrimonio personal sin compartir control con nadie más.

La SLU es especialmente útil para autónomos que, al crecer su facturación, encuentran que el IRPF marginal (que llega al 47 % en el último tramo) les penaliza más que el 25 % del Impuesto de Sociedades. El punto de cruce suele estar alrededor de 40.000-50.000 € de beneficio anual, momento en el que muchos asesores recomiendan la transformación.

Otras formas jurídicas menos frecuentes

Aunque las cinco anteriores cubren más del 95 % de las decisiones reales, conviene reconocer al menos tres formas adicionales:

• Sociedad Civil. Acuerdo entre dos o más personas para realizar una actividad común. Más sencilla de constituir que la SL (no requiere capital mínimo) pero con responsabilidad ilimitada solidaria de los socios. Útil para colaboraciones profesionales sencillas.
• Sociedad Colectiva. Forma clásica del Código de Comercio en la que todos los socios responden con su patrimonio personal. Muy poco usada hoy salvo en algunos despachos profesionales tradicionales (notarías, registros).
• Sociedad Comanditaria. Combina socios colectivos (con responsabilidad ilimitada y poder de gestión) con socios comanditarios (con responsabilidad limitada al capital aportado y sin poder de gestión). Muy poco frecuente.

Criterios para elegir forma jurídica

Lo que se decide cuando se elige forma jurídica es un paquete de siete variables a la vez:

1. Responsabilidad. ¿Estás dispuesto a responder con tu patrimonio personal? Si no, descarta autónomo y sociedades de responsabilidad personal (civil, colectiva).
2. Capital inicial disponible. Si tienes menos de 3.000 € y no te puedes acoger a SLFS, autónomo. Si tienes 3.000-60.000 €, SL. Si tienes más y aspiras a captar inversión, SA.
3. Número de personas que participan. Si estás solo, autónomo o SLU. Si sois pocos socios con confianza personal, SL. Si vais a tener decenas o cientos de socios, SA o cooperativa.
4. Fiscalidad esperada. El IRPF es progresivo (te penaliza si ganas mucho, con un marginal hasta el 47 %); el Impuesto de Sociedades es plano al 25 % (mejor si los beneficios crecen). Hay un punto de cruce alrededor de los 40.000-50.000 € de beneficio donde compensa cambiar.
5. Imagen y credibilidad. Algunos clientes corporativos (bancos, multinacionales, administraciones públicas) no contratan con autónomos. Una SL transmite más solvencia y profesionalidad.
6. Flexibilidad de salida. Vender una SL requiere notario, registro y consentimiento del resto de socios; vender acciones de SA es trivial (transferencia electrónica si está dematerializada); transmitir una cooperativa es difícil porque el control no se compra.
7. Compatibilidad con captación futura de capital. Si el plan a 3-5 años incluye captar inversión externa (business angels, capital riesgo), conviene nacer ya como SL o SA: transformar después es posible pero implica costes notariales y registrales adicionales y, sobre todo, ralentiza el cierre de la ronda.

Conviene siempre consultar con un asesor fiscal antes de constituir nada. La diferencia entre acertar y equivocarse en estas siete variables, multiplicada por los años de funcionamiento de la empresa, suma fácilmente miles de euros y, en algunos casos, el patrimonio familiar.

Transformaciones de forma jurídica

Una decisión que se toma al inicio no es necesariamente para siempre. El cambio de forma jurídica es legalmente posible y, en proyectos que crecen, prácticamente inevitable. Las transformaciones más frecuentes son:

• De autónomo a SLU — cuando el beneficio anual supera los 40.000-50.000 € y la fiscalidad de Sociedades empieza a ser más ventajosa que el IRPF.
• De SL a SA — cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones, gobernanza más formal y mecanismos de salida claros.
• De SLFS a SL ordinaria — automática una vez la empresa alcanza los 3.000 € de capital social tras aportar beneficios sucesivos.
• De cooperativa a SL — más rara, normalmente cuando la cooperativa cambia de modelo de propiedad. Compleja jurídicamente.

Los costes de transformación incluyen escritura notarial, inscripción en el Registro Mercantil, posibles aportaciones de capital adicionales, y costes profesionales (asesor fiscal, abogado). En total suelen oscilar entre 500 € y 3.000 € en costes directos, sin contar el tiempo de gestión.

El registro de una empresa en España

Constituir una empresa en España exige cumplir una serie de trámites administrativos secuenciales. El detalle varía según la forma jurídica, pero el esqueleto es similar y conviene reconocerlo.

Para autónomos

1. Alta en Hacienda (modelo 036/037 en el censo de empresarios).
2. Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).
3. Comunicación al Ayuntamiento (licencia de apertura si hay local físico).
4. Si procede, alta de empleados en Seguridad Social.

Tiempo total: 2-5 días. Coste directo: 0 € (solo cuotas mensuales posteriores).

Para una SL

Tiempo total: 5-15 días laborables desde 2023, gracias a la digitalización de los trámites. Coste directo total: 500-1.500 € (sin incluir capital social ni asesoría).

Conexión con el proyecto capstone

A estas alturas del curso, cada equipo del proyecto capstone tiene ya una idea inicial de negocio (Unidad 1) y debe decidir, antes de avanzar, tres cosas:

• Dónde ubicaría su empresa si fuese real, justificando con los factores de localización.
• Qué tamaño previsto tendrá en su primer año y a tres años vista, identificando el tramo europeo en cada momento.
• Qué forma jurídica elegiría, aplicando los siete criterios y, si procede, anticipando una posible transformación.

La actividad de cierre de esta unidad consiste precisamente en justificar esas tres decisiones por escrito en una página. Es una decisión que después condicionará el plan financiero (Unidad 9) y el plan de empresa final (Unidad 12).

Glosario

• Localización empresarial: decisión sobre dónde situar una empresa, considerando factores de coste, mercado y entorno. Es un coste hundido típico: cambiarla después suele ser caro.
• Factor de coste hundido: inversión o decisión ya realizada que no puede recuperarse y, por tanto, no debería influir en decisiones futuras (aunque psicológicamente lo haga).
• Dimensión empresarial: tamaño de la empresa medido por plantilla, facturación y balance. Determina obligaciones contables, fiscales y acceso a ayudas.
• Recomendación 2003/361/CE: norma europea que define los tramos micro / pequeña / mediana / grande empresa con la regla de la doble condición.
• Forma jurídica: marco legal bajo el cual se constituye una empresa. Determina responsabilidad personal de los socios, capital mínimo, fiscalidad y capacidad de captar inversión.
• Autónomo (empresario individual): persona física que desarrolla actividad económica por cuenta propia. Responde con todo su patrimonio personal y tributa por IRPF.
• Sociedad Limitada (SL): forma societaria con capital mínimo de 3.000 € (o 1 € en régimen Crea y Crece), responsabilidad limitada al capital aportado y tributación por Impuesto de Sociedades al 25 %.
• Sociedad Anónima (SA): forma societaria pensada para grandes empresas con muchos socios. Capital mínimo 60.000 €. Acciones libremente transmisibles, permite cotizar en bolsa.
• Cooperativa: sociedad cuya propiedad y gobierno recaen en sus socios trabajadores o usuarios. Tributación reducida y reparto de excedentes según trabajo aportado, no según capital.
• SLU (Sociedad Limitada Unipersonal): SL con un único socio. Solución habitual para autónomos que crecen y quieren limitar responsabilidad y optimizar fiscalidad.
• RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Sistema de cotización al que se afilian los autónomos.
• Tarifa plana: cuota reducida de cotización RETA para nuevos autónomos durante los primeros 12-24 meses (80 €/mes en 2025).

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

• Manual práctico de Sociedades — Francisco José Alonso Espinosa (2022). Por qué encaja: referencia universitaria para entender las formas jurídicas españolas con detalle legal sin perderse en jerga.
• Pyme y empresa familiar en España — Crespi y Dejuan (2018). Por qué encaja: estudio académico riguroso del tejido empresarial español que explica por qué tenemos tantas microempresas y qué consecuencias tiene.
• DIRCE — Estructura empresarial española 2024 — INE (2024). Por qué encaja: el directorio oficial. Acceso libre. Permite cuantificar cuántas empresas hay en cada tramo y forma jurídica en tu provincia.
• Manual del Emprendedor — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2024). Por qué encaja: guía oficial paso a paso para constituir cada forma jurídica, con plazos y costes actualizados. Acceso libre en paeelectronico.es.
• De autónomo a SL: cuándo y por qué — canal Declarando (2024). Por qué encaja: vídeo de 15 minutos que sintetiza los criterios de decisión con casos numéricos parecidos al SolvedExercise 2.1.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. España es un país de microempresas (94 % tiene menos de 10 trabajadores). ¿Es un rasgo cultural, fiscal, regulatorio o de mercado? ¿Conviene cambiarlo o es una fortaleza?
2. La SL de 1 € introducida por la Ley Crea y Crece (2022) elimina la barrera de los 3.000 € de capital mínimo. ¿Hace casi obsoleto al autónomo? ¿Por qué crees que la mayoría siguen empezando como autónomos?
3. Si fueras a montar tu propia empresa hoy en tu ciudad, ¿qué tres factores de localización pesarían más en tu decisión? ¿Y si la actividad fuese 100 % digital?
4. Mondragón demuestra que las cooperativas pueden facturar miles de millones y operar globalmente. ¿Por qué crees que sigue siendo una forma jurídica minoritaria en España?