Políticas económicas: fiscal y monetaria

Tiempo estimado de lectura: 45-50 min · Saberes LOMLOE: D.1, D.2, D.3 · Pre-requisitos: Unidad 8 (modelo AD-AS y ciclos) + Unidad 10 (BCE, tipos oficiales y Euribor).

Al acabar esta unidad sabrás:

• Distinguir economía positiva y normativa con ejemplos discriminantes.
• Identificar las cuatro justificaciones técnicas de la intervención del Estado en la economía.
• Aplicar política fiscal expansiva y restrictiva al modelo AD-AS y calcular el efecto de un cambio del gasto público con el multiplicador.
• Calcular e interpretar el déficit y la deuda pública a la luz de la nueva regla fiscal europea y de la curva de Laffer.
• Aplicar política monetaria del BCE al AD-AS y trazar la cadena de transmisión hasta la cuota hipotecaria.
• Distinguir inflación de demanda, de costes y estanflación, y explicar la crisis inflacionaria 2022-2023.

Las unidades anteriores nos han dado el mapa: en la Unidad 7 vimos cómo se miden los agregados, en la Unidad 8 cómo se mueven oferta y demanda agregadas a lo largo del ciclo, en la Unidad 9 cómo funciona el mercado de trabajo y en la Unidad 10 cómo el sistema financiero canaliza el ahorro. Falta la pieza política. Una economía no es solo una máquina que se observa: es también una máquina sobre la que se decide. Política económica es el nombre técnico de ese conjunto de decisiones públicas que persiguen objetivos colectivos —crecimiento, empleo, estabilidad de precios, redistribución— mediante dos grandes palancas: el presupuesto del Estado y la cantidad de dinero en circulación.

Esta unidad presenta las dos palancas. La primera, la política fiscal, está en manos del Gobierno y se ejerce mediante el gasto público y los impuestos. La segunda, la política monetaria, está en manos del Banco Central Europeo y se ejerce mediante el tipo de interés oficial y la cantidad de dinero que circula por el sistema. Las dos influyen sobre el mismo modelo AD-AS que aprendimos en la Unidad 8, pero por canales distintos y con tempos distintos. Entender cuándo se usa cada una y con qué consecuencias es el objetivo central del Bloque D del currículo.

Antes de hablar de instrumentos conviene aclarar una distinción epistemológica básica, porque sobre ella se apoya el debate público sobre estos temas: la diferencia entre economía positiva y economía normativa.

Economía positiva y economía normativa

La economía positiva describe cómo funciona la economía: qué efectos producen las decisiones, qué relaciones existen entre las variables, qué predicciones empíricas se siguen de un modelo. Sus enunciados son contrastables con datos y, al menos en principio, los economistas pueden estar de acuerdo o en desacuerdo apelando a evidencia. La economía normativa, en cambio, juzga: dice qué debería hacerse, en función de valores que no se deducen del modelo sino que se aportan desde fuera (equidad, libertad, sostenibilidad, dignidad).

Algunos ejemplos para fijar la diferencia:

• «El PIB español creció un 2,5 % en 2024» → enunciado positivo: describe un hecho contrastable con datos del INE.
• «Una subida del salario mínimo del 10 % reduciría el empleo juvenil entre un 1 % y un 3 %» → enunciado positivo: es una predicción empírica, los economistas pueden discutir la magnitud, pero el debate se resuelve con datos.
• «El salario mínimo debe subir hasta el 60 % del salario mediano» → enunciado normativo: incorpora un juicio de valor sobre qué es deseable.
• «Es injusto que un trabajador de Mercadona pague más impuestos relativos que una sicav» → enunciado normativo: el adjetivo “injusto” no se deduce del modelo, viene de un sistema de valores previo.

La confusión entre ambos planos envenena buena parte del debate económico público. Conviene también recordar que la economía positiva no es neutral en el sentido fuerte del término: los economistas eligen qué preguntan, qué modelos usan y qué datos consideran relevantes, y en esas elecciones se cuelan supuestos normativos. Pero la disciplina ha desarrollado un esfuerzo serio por separar los dos planos para que el debate público pueda saber sobre qué se está discutiendo: sobre los hechos o sobre los valores.

Por qué interviene el Estado: cuatro justificaciones técnicas

Conviene retomar las justificaciones técnicas de la intervención pública que aparecieron en la Unidad 6 (fallos de mercado) y completarlas con dos motivos adicionales propios del análisis macroeconómico. Las cuatro grandes razones que la teoría económica ofrece para que el Estado intervenga en la economía son:

1. Corregir fallos de mercado. Externalidades, bienes públicos, información asimétrica, poder de mercado. La Unidad 6 desarrolló esta familia y aportó los instrumentos clásicos (impuestos pigouvianos, provisión pública, regulación, defensa de la competencia).
2. Estabilizar el ciclo económico. Suavizar las recesiones y enfriar los recalentamientos para que el coste social del paro y de la inflación sea menor. Esta justificación, asociada a John Maynard Keynes, es el corazón de la política fiscal y monetaria modernas.
3. Redistribuir la renta y la riqueza. Un mercado eficiente puede ser muy desigual. Los impuestos progresivos, las transferencias sociales y los servicios públicos universales corrigen esa desigualdad por motivos de cohesión social, justicia o sostenibilidad democrática.
4. Proveer bienes públicos y bienes preferentes. Defensa, justicia, infraestructura básica (bienes puros) y sanidad, educación, cultura (bienes preferentes, que el mercado proveería pero que la sociedad decide que toda la población debe tener garantizados).

Cada una de las cuatro abre debates donde lo positivo y lo normativo se mezclan: cuánto redistribuir, hasta dónde estabilizar, qué cubrir con servicios públicos, dónde poner el límite. La política económica es la traducción operativa de esas decisiones.

Política fiscal: el presupuesto como palanca

La política fiscal es el conjunto de decisiones del Gobierno sobre el gasto público (G) y los impuestos (T) con el objetivo de influir sobre la demanda agregada, sobre la distribución de la renta y sobre la provisión de servicios públicos. Sus dos instrumentos centrales son el lado del gasto y el lado del ingreso del presupuesto.

Instrumentos: gasto público e impuestos

El gasto público incluye, en términos contables, varias partidas: consumo público (salarios de funcionarios, suministros), inversión pública (carreteras, hospitales, redes), transferencias corrientes (pensiones, prestaciones por desempleo, becas), subvenciones a empresas e intereses de la deuda. No todas tienen el mismo efecto sobre la demanda agregada: las inversiones generan empleo directo y un efecto arrastre fuerte, las transferencias se filtran en parte a ahorro, y los intereses de la deuda son una mera transferencia hacia los acreedores.

Los impuestos se clasifican en dos grandes familias. Los directos gravan la renta o el patrimonio del contribuyente: IRPF, Impuesto de Sociedades, Patrimonio, Sucesiones. Son los que mejor permiten aplicar la progresividad (que paga más quien más tiene). Los indirectos gravan el consumo: IVA, Impuestos Especiales sobre tabaco, alcohol, hidrocarburos, electricidad. Son más fáciles de recaudar pero tienden a ser regresivos porque las rentas bajas dedican una proporción mayor de su ingreso al consumo.

Política fiscal expansiva y restrictiva

Una política fiscal expansiva combina alguna mezcla de subida del gasto público (↑G) o bajada de impuestos (↓T), con el objetivo de aumentar la demanda agregada y sacar a la economía de una recesión. Una política fiscal restrictiva hace lo contrario: ↓G o ↑T, para enfriar una economía recalentada o para reducir un déficit insostenible.

En el modelo AD-AS de la Unidad 8, una política fiscal expansiva desplaza la curva de demanda agregada a la derecha. El efecto sobre producción y precios depende del tramo de la AS en el que nos encontremos: si la economía está en el tramo horizontal (mucho paro, capacidad ociosa), el efecto es casi todo en cantidades (Y↑) y casi nada en precios; si está en el tramo vertical (pleno empleo), el efecto es todo en precios (P↑) sin ganancia de producción.

El multiplicador del gasto público

Una intuición central de la macro keynesiana es que un euro de gasto público no aumenta el PIB en un euro, sino en más de un euro. Esto se debe a que ese gasto se convierte en renta para alguien, que consume parte de esa renta, que se convierte en renta para otro, que consume parte… y así sucesivamente. El multiplicador captura esa cadena.

En el modelo más sencillo, llamando c a la propensión marginal al consumo (la fracción de cada euro de renta adicional que un hogar dedica al consumo), el multiplicador del gasto público es:

k = 1 / (1 − c)

Si la propensión marginal al consumo es 0,7, el multiplicador vale 1 / (1 − 0,7) = 3,33: un euro de gasto público adicional acaba aumentando el PIB en 3,33 euros. En la práctica, el multiplicador en economías abiertas y con impuestos es bastante menor (entre 0,5 y 1,5 según el contexto y el tipo de gasto), porque parte de la renta se filtra hacia importaciones y hacia impuestos. Pero la lógica del multiplicador sigue siendo válida: el gasto público mueve más PIB que su valor nominal.

Déficit público y deuda pública

Si el gasto público supera a los ingresos, el resultado es déficit público (medido en porcentaje del PIB). Si los ingresos superan al gasto, hay superávit. La diferencia anual se acumula a lo largo del tiempo y constituye la deuda pública, también medida en porcentaje del PIB.

España cerró 2024 con un déficit del 3,0 % del PIB y 2025 con un déficit en torno al 2,7-2,8 % del PIB (AIReF, diciembre 2025), entrando ya en la senda exigida por la nueva regla fiscal europea. La deuda pública ha bajado al entorno del 102-103 % del PIB al cierre de 2025, todavía muy por encima del nivel pre-Covid (98 %) y del umbral del 60 % que marca el Pacto de Estabilidad. El servicio de la deuda —los intereses que el Estado paga cada año a sus acreedores— pasó de unos 25 000 M€ en 2021 a unos 40 000 M€ en 2024 a consecuencia de la subida de tipos del BCE, y se ha estabilizado en 2025 conforme el ciclo de bajadas del BCE empieza a abaratar las refinanciaciones.

La nueva regla fiscal europea (2024)

En abril de 2024 la Unión Europea aprobó un nuevo marco de gobernanza fiscal que sustituye al rígido sistema anterior (límites uniformes del 3 % de déficit y 60 % de deuda con plazos anuales). La novedad es que cada país acuerda con la Comisión una senda plurianual de cuatro a siete años, ajustada a su nivel de deuda inicial, su crecimiento potencial y los costes del envejecimiento. Los países con deuda alta (como España, Italia, Francia o Bélgica) tienen rutas exigentes pero más flexibles que el corsé anterior, y pueden ganar años adicionales si se comprometen a reformas estructurales e inversiones verdes y digitales.

Los topes nominales del 3 % de déficit y el 60 % de deuda siguen siendo la referencia última, pero el camino para alcanzarlos se pacta país a país. Para España, el plan de ajuste presentado en 2024 prevé reducir el déficit estructural en torno a 0,6 puntos de PIB cada año durante siete ejercicios, con énfasis en inversión verde y digital ligada a fondos NextGenerationEU.

La curva de Laffer

Una pregunta clásica: si el Estado quiere recaudar más, ¿basta con subir los tipos impositivos? El economista estadounidense Arthur Laffer popularizó en los años setenta una idea que se conoce como curva de Laffer: la recaudación es cero cuando el tipo impositivo es 0 % (obvio) y también cero cuando el tipo es 100 % (porque nadie trabaja si no se queda con nada). Entre ambos extremos hay un máximo de recaudación. A partir de ese punto, subir más el tipo reduce lo recaudado porque la base imponible cae (menos trabajo, más fraude, más economía sumergida, fuga de capital).

La curva de Laffer no dice que cualquier subida de impuestos sea contraproducente, sino que existe un tipo óptimo a partir del cual ya no compensa subir más. Dónde está ese punto exactamente es objeto de debate empírico: los estudios sitúan el máximo del IRPF entre el 60 % y el 70 % marginal en países desarrollados con buena administración tributaria, pero baja sustancialmente en países con alta corrupción o débil capacidad administrativa.

El Estado del bienestar y su financiación

El Estado del bienestar es el conjunto de políticas públicas que garantizan ciertos derechos sociales a toda la población, con independencia de su capacidad de pago. Sus cuatro pilares clásicos son:

• Sanidad universal. Cobertura pública gratuita en el punto de uso, financiada con impuestos generales. Modelo Beveridge, vigente en España, Reino Unido o los países nórdicos.
• Educación pública. Obligatoria y gratuita hasta los 16 años; financiación pública mayoritaria en el resto del recorrido educativo.
• Sistema de pensiones. Prestaciones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad) y no contributivas (PNC para quienes no cumplen el periodo mínimo de cotización).
• Atención a la dependencia. Servicios y ayudas a personas con autonomía limitada, regulados en España por la Ley 39/2006 (Ley de Dependencia).

La financiación se reparte entre cotizaciones sociales (que pagan trabajadores y empresas y van mayoritariamente a pensiones y desempleo) e impuestos generales (IRPF, IVA, Sociedades, que financian sanidad, educación y dependencia). En España el gasto en protección social ronda el 28 % del PIB, en línea con la media de la UE-27 pero por debajo de Francia (33 %) o Finlandia (31 %).

Sistemas de pensiones: Bismarck vs Beveridge

Hay dos modelos básicos de organización de las pensiones, asociados a los dos políticos que los crearon a finales del siglo XIX y mediados del XX:

• Modelo Bismarck (reparto contributivo). Las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales. La pensión depende de lo cotizado durante la vida laboral. Es el modelo de España, Alemania, Francia, Italia y la mayoría de la Europa continental.
• Modelo Beveridge (universal asistencial). El Estado garantiza una pensión básica a toda la población anciana, financiada con impuestos generales. Pensiones más planas, menos vinculadas al historial laboral. Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos combinan elementos beveridgianos con pilares complementarios.

Existe además un tercer modelo, el de capitalización individual, en el que cada trabajador acumula sus aportaciones en una cuenta personal que se invierte en mercados financieros y de la que cobrará en jubilación. Es el modelo chileno desde la reforma de 1981, y opera como pilar complementario en muchos países (planes privados de empleo o individuales en España, los IRA en Estados Unidos, los KiwiSaver en Nueva Zelanda).

El gran reto del modelo de reparto en Europa es demográfico: la pirámide se está invirtiendo (menos cotizantes por jubilado) y la esperanza de vida sube. La reforma española de 2021-2023 introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —una cotización adicional del 0,8 % en 2025, creciente hasta el 1,2 % en 2029— y revisó el periodo de cómputo y la base máxima de cotización para sostener el sistema.

La economía sumergida

La economía sumergida es el conjunto de actividades económicas no declaradas a la administración tributaria, ya sea para evitar impuestos, cotizaciones sociales o regulaciones. En España se estima que ronda el 17-20 % del PIB, según los estudios de la AEAT y los académicos Schneider y Medina; bastante por encima de Alemania (8-10 %) y de los países nórdicos (5-8 %). Sus costes son dobles: reduce la recaudación fiscal (privando al Estado de recursos para política social) y rompe la competencia leal entre empresas que cumplen y empresas que no.

Política monetaria: el banco central y el tipo de interés

La política monetaria son las decisiones del banco central sobre la cantidad de dinero en circulación y sobre el tipo de interés oficial, con el objetivo principal de mantener la estabilidad de precios. En la zona euro, esa responsabilidad la ejerce el Banco Central Europeo (BCE), cuyo funcionamiento e independencia ya vimos en la Unidad 10. El objetivo de inflación del BCE es del 2 % a medio plazo, medido por el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA).

Instrumentos del BCE

El BCE actúa principalmente a través de tres tipos de interés oficiales que fijan el precio del dinero al que la banca comercial accede:

• MRO (Main Refinancing Operations). El tipo principal de financiación: las subastas semanales en las que los bancos comerciales obtienen liquidez del BCE a cambio de colateral (deuda pública sobre todo). Es el tipo de referencia más visible.
• Facilidad marginal de crédito. El tipo al que los bancos pueden pedir prestado al BCE a un día, sin subasta. Es el techo del corredor de tipos: ningún banco se prestaría a un tipo más alto en el interbancario.
• Facilidad de depósito. El tipo al que los bancos comerciales depositan al BCE el exceso de liquidez. Es el suelo del corredor y, desde 2014, ha sido a menudo el tipo más relevante para el comportamiento real de la banca: cuando ha sido negativo (2014-2022), los bancos pagaron por depositar en el BCE; cuando ha sido positivo (desde 2022), obtienen rentabilidad por aparcar reservas.

Junto a los tipos, el BCE dispone de instrumentos de cantidad, los más visibles desde 2015:

• Programas de compra de activos. El más conocido es el PSPP (Public Sector Purchase Programme), lanzado en 2015, y el PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), lanzado en marzo de 2020 ante la crisis Covid. El BCE compra deuda pública y privada en mercado secundario inyectando liquidez y bajando los tipos a largo plazo. A esta política se la conoce como expansión cuantitativa o QE (quantitative easing).
• Reducción de balance. A partir de 2022, el BCE ha empezado a hacer lo contrario: dejar vencer la deuda comprada sin reinvertirla, retirando liquidez del sistema. Es la restricción cuantitativa o QT (quantitative tightening).

Política monetaria expansiva y restrictiva

Una política monetaria expansiva (bajada de tipos, compras de deuda, inyección de liquidez) abarata el crédito y empuja la demanda agregada al alza. En el AD-AS, desplaza la AD hacia la derecha. Se usa cuando hay paro elevado o riesgo de deflación.

Una política monetaria restrictiva (subida de tipos, drenaje de liquidez, QT) encarece el crédito y enfría la demanda agregada. Desplaza la AD hacia la izquierda. Se usa para combatir inflación.

La transmisión: del tipo oficial a la cuota hipotecaria

La política monetaria llega a la economía real a través de varios canales encadenados. El más visible en España es el canal de las hipotecas:

QE y QT en la zona euro: 2015-2026

La política monetaria del BCE atraviesa cuatro grandes fases recientes:

• 2015-2019 (QE convencional). Tras la crisis del euro y con inflación persistentemente baja (~1 %), el BCE lanza el PSPP en marzo de 2015 y compra deuda pública por unos 2,6 billones de euros hasta finales de 2018. Los tipos se mantienen en mínimos históricos (MRO 0 %, depósito −0,4 %).
• 2020-2022 (PEPP y respuesta Covid). El BCE lanza el PEPP en marzo de 2020 con una dotación final de 1,85 billones de euros para evitar fragmentación financiera entre países de la zona euro. La política se mantiene ultraexpansiva mientras la inflación está contenida.
• 2022-2024 (QT y subida agresiva de tipos). Con la inflación disparada (10,6 % en octubre de 2022), el BCE sube tipos del 0 % al 4,5 % en catorce meses y empieza a no reinvertir la deuda vencida.
• Desde junio de 2024 (ciclo de bajadas). Una vez la inflación vuelve a niveles cercanos al 2 %, el BCE inicia un ciclo gradual de bajadas que lleva la facilidad de depósito al 2,25 % en el primer trimestre de 2026, manteniendo el QT en paralelo.

Inflación: tres tipos y la crisis 2022-2023

La política monetaria existe en gran medida para controlar la inflación. Conviene entonces distinguir las tres grandes formas en las que el nivel general de precios puede subir.

Inflación de demanda

Aparece cuando la demanda agregada crece más rápido que la capacidad productiva. En el AD-AS, la AD se desplaza a la derecha y, en el tramo no horizontal de la AS, los precios suben. Es la inflación clásica de las economías recalentadas: pleno empleo, tirón del consumo, expectativas de subidas salariales. El instrumento corrector típico es la política monetaria restrictiva.

Inflación de costes

Aparece cuando un shock encarece los inputs (energía, materias primas, alimentos básicos) o suben los salarios sin contrapartida en productividad. La AS se desplaza a la izquierda: la producción cae y los precios suben simultáneamente. Es el escenario más desagradable porque las dos variables se mueven en el sentido equivocado. Si la caída de producción se acompaña de aumento del paro, hablamos de estanflación, una combinación particularmente difícil porque la política expansiva agrava los precios y la política restrictiva agrava el paro.

Espiral salarios-precios

Si los trabajadores perciben que la inflación va a continuar, exigen subidas salariales para defender su poder adquisitivo. Las empresas, ante el aumento de costes laborales, suben precios. Los precios más altos justifican nuevas subidas salariales, y así sucesivamente. Esta dinámica de retroalimentación se conoce como espiral salarios-precios y es la principal preocupación de los bancos centrales cuando ven inflación elevada: el riesgo no es la subida puntual, es que se enquiste en las expectativas y en la negociación colectiva.

Anatomía de la crisis inflacionaria 2022-2023

La zona euro vivió en 2022-2023 el episodio inflacionario más severo desde los años setenta. El IPCA tocó un pico del 10,6 % interanual en octubre de 2022 en la zona euro, y del 10,8 % en julio de 2022 en España, máximos no vistos en cuarenta años. Tres factores se combinaron:

• Cuellos de botella post-Covid. La reapertura económica de 2021-2022 encontró cadenas de suministro globales rotas (semiconductores, fletes marítimos, energía). Componente de inflación de costes.
• Guerra de Ucrania (febrero de 2022). Disparó los precios del gas natural, el petróleo, los cereales y los fertilizantes. Los futuros del gas TTF llegaron a multiplicarse por diez. Componente claro de inflación de costes vía shock energético.
• Demanda contenida. El ahorro acumulado durante el confinamiento se liberó al reabrir, tensionando aún más mercados ya estresados. Componente de inflación de demanda.

España respondió con el llamado bono CAP energético, el escudo social aprobado en 2022, que combinó bajada del IVA de la electricidad al 5 %, descuentos al transporte público (incluida la gratuidad de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales), una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante durante 2022 y la excepción ibérica, un mecanismo que desligó parcialmente el precio mayorista de la electricidad del gas. El conjunto contuvo la inflación medida en España por debajo de la media europea y permitió que el IPC de 2023 cerrara en el 3,2 %, frente al 5,4 % de la zona euro.

El dilema del BCE: crecimiento vs estabilidad de precios

A diferencia de la Reserva Federal estadounidense, que tiene un mandato dual (estabilidad de precios y empleo máximo), el BCE tiene mandato jerárquico: su objetivo primario es la estabilidad de precios y solo «sin perjuicio de ese objetivo» puede apoyar las políticas económicas generales de la Unión, entre ellas el crecimiento y el empleo.

Este diseño no es casual: refleja el peso institucional de la doctrina alemana del Bundesbank en el momento de fundar el BCE (1998-1999), influida a su vez por la traumática experiencia de la hiperinflación de Weimar en los años veinte. El resultado es un banco central con sesgo prudente hacia el control de precios, incluso cuando ese control implica costes en términos de crecimiento.

Ese diseño se pone a prueba en escenarios como el de 2022-2023. El BCE tuvo que elegir entre subir tipos rápido para anclar las expectativas inflacionistas —a costa de enfriar la inversión, encarecer hipotecas y empujar a varios países al borde de la recesión técnica— o ser más gradual y arriesgarse a que la inflación se enquistara. La elección por la primera vía, criticada desde economías del sur que sufrieron más el ajuste hipotecario, fue defendida por el BCE en términos de credibilidad institucional: una vez perdida, recuperarla habría sido enormemente costoso.

Esta tensión entre estabilidad de precios y crecimiento es la sustancia del debate normativo sobre la política monetaria moderna y conecta con la pregunta del inicio: la política económica no es solo una técnica, es también una elección de valores sobre a quién protege más el sistema cuando los objetivos chocan.

Glosario

• Economía positiva: enunciados sobre cómo es la economía, contrastables con datos («el PIB creció un 2,5 %»).
• Economía normativa: enunciados sobre cómo debería ser la economía, con juicios de valor («el déficit debe reducirse»).
• Política fiscal: decisiones del Gobierno sobre gasto público (G) e impuestos (T) para influir en la demanda agregada, la distribución y los servicios públicos.
• Multiplicador del gasto (k = 1/(1−c)): número de veces que un euro de gasto público adicional acaba aumentando el PIB cuando se cierra la cadena de consumo.
• Propensión marginal al consumo (c): fracción de cada euro de renta adicional que un hogar dedica al consumo.
• Déficit / superávit público: diferencia anual entre gasto e ingreso público (flujo), medida en porcentaje del PIB.
• Deuda pública: stock acumulado de todos los déficits pasados, medido en porcentaje del PIB.
• Saldo primario: saldo presupuestario excluyendo los intereses de la deuda; aísla el desequilibrio estructural.
• Curva de Laffer: relación en forma de campana entre el tipo impositivo y la recaudación; existe un tipo óptimo a partir del cual subir más reduce lo recaudado.
• Estado del bienestar: políticas que garantizan derechos sociales (sanidad, educación, pensiones, dependencia) con independencia de la capacidad de pago.
• Modelo Bismarck / Beveridge: pensiones de reparto contributivo (Bismarck) frente a pensión básica universal financiada con impuestos (Beveridge).
• Política monetaria: decisiones del BCE sobre tipos de interés y cantidad de dinero, con el objetivo primario de estabilidad de precios (2 % a medio plazo).
• MRO / facilidad marginal / facilidad de depósito: los tres tipos de interés oficiales del BCE (operación principal, techo y suelo del corredor de tipos).
• Expansión cuantitativa (QE) / restricción cuantitativa (QT): compra de activos para inyectar liquidez (QE) o no reinversión de la deuda vencida para drenarla (QT).
• Inflación de demanda / de costes / estanflación: subida de precios por exceso de demanda (AD↑), por encarecimiento de inputs (AS↓) o combinación de inflación con paro y caída de producción.
• Espiral salarios-precios: retroalimentación entre subidas salariales y subidas de precios cuando las expectativas de inflación se enquistan.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas y recursos para ir más allá:

• Macroeconomía — Olivier Blanchard (8.ª ed., 2023). Por qué encaja: el manual de referencia sobre política fiscal y monetaria; sus capítulos sobre el multiplicador y la política del banco central son el siguiente paso natural tras bachillerato.
• La economía del bien común — Jean Tirole (2017). Por qué encaja: el Nobel 2014 explica con claridad por qué interviene el Estado y los límites de esa intervención, conectando con las cuatro justificaciones técnicas de la unidad.
• Informes de la AIReF — airef.es. Por qué encaja: la autoridad fiscal independiente publica en lenguaje claro sus proyecciones de déficit, deuda y sostenibilidad de las pensiones, ideales para contrastar las cifras del manual.
• Boletín Económico del BCE — ecb.europa.eu. Por qué encaja: la fuente primaria de las decisiones de política monetaria; las notas de prensa de cada reunión del Consejo de Gobierno son breves y comentables en aula.
• «Whatever it takes» — discurso de Mario Draghi (Londres, 2012) — disponible en YouTube y en la web del BCE. Por qué encaja: tres minutos que muestran cómo la política monetaria funciona también a través de las expectativas y la credibilidad.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. Buena parte del debate político confunde enunciados positivos y normativos. Busca una noticia económica reciente y separa lo que es descripción contrastable de lo que es juicio de valor. ¿Es fácil distinguirlos?
2. El multiplicador del gasto público es mayor cuanto más consumen los hogares. ¿En qué situación económica —recesión profunda o pleno empleo— crees que conviene más una política fiscal expansiva, y por qué?
3. La curva de Laffer dice que subir impuestos no siempre aumenta la recaudación. ¿Crees que España está por debajo o por encima de su tipo óptimo? ¿Qué datos necesitarías para responder con rigor en lugar de con ideología?
4. El canal hipotecario hace que el ajuste de la política monetaria recaiga sobre la clase media joven con hipoteca variable. ¿Te parece justo ese reparto del coste? ¿Qué alternativas tendría el BCE para combatir la inflación con efectos distributivos distintos?